Resolución 00785-2023

De esta manera, el liquidador se requiere para realizar labores propias de un abogado en la representación de la persona jurídica disuelta en el proceso que se intente la ejecución de la hipoteca sobre el inmueble de su propiedad, de manera que tal y como se determinó en autos resulta aplicable el Arancel que regula los honorarios profesionales por el ejercicio de abogacía, situación sobre la que no existe controversia.

Este

Tribunal en asuntos similares ha dispuesto lo siguiente:

“De acuerdo con el juzgador que rechazó el

recurso de revocatoria, en el presente proceso únicamente se puede hacer una fijación prudencial de los honorarios, que garantice los honorarios que se generen en el expediente 19-006133-1207-CJ. Se discrepa con este criterio. En primer lugar, al ser competente el juez de primera instancia para nombrar a la liquidadora, también lo es para fijar su remuneración. Adicionalmente, la potestad para cuantificar los honorarios de la liquidadora no se encuentra limitada al establecimiento de unos honorarios provisionales, que garanticen los honorarios que se generen en el expediente 19-006133-1207-CJ. Por el contrario, en lugar de realizar una doble fijación de honorarios -una provisional en este proceso y otra definitiva en el proceso de ejecución hipotecaria- lo ideal es que la retribución de la liquidadora se determine en un solo acto. Con todo, puede ser inexacto afirmar que la fijación prudencial de los honorarios realizada en este proceso garantizará los honorarios que se fijen en el otro proceso. Reflexiónese que existe el riesgo de que los honorarios -fijados provisionalmente- no alcancen para cubrir los honorarios que, en definitiva, se establezcan. Por estos motivos, es necesario proceder a la fijación definitiva de los honorarios de la liquidadora, considerando la labor que deberá desplegar dentro del proceso de ejecución hipotecaria mencionado.” (Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Alajuela, voto número 2020-001054-CI de las nueve horas cinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veinte).

Del antecedente citado, resulta necesario destacar que es el criterio de este Tribunal que los honorarios de la persona profesional en derecho que asume como liquidador la representación de una persona jurídica disuelta para afrontar un proceso judicial, debe contemplar las labores que se realizarán en el proceso cobratorio, conforme con su cuantía y condicionado a las etapas en que efectivamente participe dentro de ese otro proceso.

Ahora bien, se plantea que esa fijación se haga tomando como referencia el valor del inmueble; no obstante, considera el Tribunal que la cuantificación de esos honorarios debe hacerse, no sobre el valor del inmueble que responde por el pago de la hipoteca, sino sobre el valor del capital y los intereses que se cobren en el proceso de ejecución hipotecaria.  Esa sería la cuantía del proceso de ejecución hipotecaria, de conformidad con el artículo 35.3.2 del Código Procesal Civil."