Resolución 00127-2022

"QUINTO. SOBRE EL FONDO: [...]La condición de moroso tanto de la colegiatura como de la póliza, así como de suspendido de su condición de afiliado al Colegio Profesional, se funda, como se explicó en las líneas precedentes, en certificaciones del acuerdo de la Junta Directiva del Colegio, de la publicación correspondiente en el Diario Oficial, y en la certificación emitida por el Tesorero de la Junta Directiva, todos documentos públicos que gozan de presunción de veracidad en cuanto a su contenido, y que no fueron argüidos de falsos por las accionantes. Por otra parte, esos hechos también están sacados de contexto. Consta que el veinte de octubre de 2017, el señor [Nombre 021] formalizó solicitud ante la Junta Directiva del Colegio demandado para que le exoneraran del pago de la colegiatura debido a que hace algún tiempo había dejado de laborar y se le dificultaba el pago de las cuotas, y que uno de los requisitos para ello era precisamente estar al día, por lo que el veintitrés de octubre de 2018, el señor [Nombre 021] canceló las cuotas de colegiatura correspondientes a los meses de julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de dos mil quince, así como enero y febrero de dos mil dieciséis, que mantenía morosas antes de la suspensión. En el trámite de esa solicitud de exoneración, el ocho de noviembre de 2017, la Encargada de Incorporaciones del Colegio de Ciencias Económicas dirigió comunicación electrónica a la Encargada de Cobros de la misma entidad, en el que le solicitaba que le informara si varios agremiados, entre ellos el señor [Nombre 021], se encontraban al día incluyendo el mes de noviembre de 2017, y en respuesta de esa solicitud, mediante correo electrónico del nueve de noviembre, la Encargada de Cobros informa que el señor [Nombre 021] se encontraba al día, y no tenía nada pendiente. Es esta última manifestación la que utilizan las actoras para supuestamente acreditar que el señor [Nombre 021] tenía al día el pago de las primas del seguro, pero es evidente que allí no se afirma eso, sino que, analizado en su contexto, es una verificación de que para esa fecha, había cumplido con el requisito de pagar las cuotas de colegiatura pendientes antes de la suspensión dentro del marco de la solicitud de exoneración. Por otra parte, ni el pago de un millón de colones por parte del Colegio para ayuda por los gastos funerarios, ni el haber incluido al señor [Nombre 021] en la lista de asegurados posteriormente, implican una aceptación de que éste estuviera al día en el pago de la prima correspondiente. La presunción mediante indicios solo es procedente ante total ausencia de pruebas. El pago de obligaciones dinerarias, sobre todo ante entes formales, que no solo emiten recibos, sino que cuentan con registros contables constatables, resulta fácil de demostrar, y en este caso, además de que no se aportó comprobante alguno de los supuestos pagos, y ni siquiera se contextualizó cuando pudieron haberse producido, hay constancias revestidas de fe pública y basadas en los registros contables, que acreditan fehacientemente lo contrario a lo que asegura la parte actora mediante presunciones. Tampoco aporta a lo pretendido la nota producida por Coopenae Seguros rechazando el reclamo, que, aunque es evidentemente inexacta en cuanto a su contenido, no permite colegir que el señor [Nombre 021] hubiera pagado oportunamente las primas correspondientes, ni tampoco puede obligar ni vincular al Colegio de Ciencias Económicas, por ser una entidad distinta, que además, no ha sido traída al proceso y respecto de la cual, no se ha formulado pretensión alguna. Ahora bien, retomando el curso de las actuaciones,  en el tanto la condición de asegurado del señor [Nombre 021] fue interrumpida por las razones dichas, el formulario que llenó el 12 de octubre de 2017 no era simplemente un cambio en la designación de beneficiarios como intenta hacer aparecer la representación actora, sino que se trataba, como indica el propio nombre y contenido del documento, una solicitud de inclusión en la póliza de vida colectiva, donde, entre otros alcances, designaba como beneficiarias a sus hijas. Sin embargo, esa gestión por sí sola no implicaba adquirir la condición de asegurado cubierto por la póliza en forma inmediata. El artículo 24 de la referida Ley 8956, Ley Reguladora del Contrato de Seguros, establece que: “La solicitud de seguro que cumpla con todos los requerimientos del asegurador deberá ser aceptada o rechazada por este dentro de un plazo máximo de treinta días naturales, contado a partir de la fecha de su recibo. Si el asegurador no se pronuncia dentro del plazo establecido, la solicitud de seguro se entenderá aceptada a favor del solicitante. En casos de complejidad excepcional, así determinados en el reglamento de la presente ley, el asegurador deberá indicar al solicitante la fecha posterior en que se pronunciará, la cual no podrá exceder de dos meses”, y en concordancia con dicha disposición legal, el formulario de solicitud de inclusión en la póliza suscrito por el señor [Nombre 021], señala que: “El Instituto se reserva el derecho de aceptar, postergar o rechazar el seguro dentro de un plazo que no excederá treinta (30) días naturales, contados a partir de la fecha en que se reciben los documentos solicitados para analizar el riesgo. En caso de que el riesgo sea de complejidad, el Instituto deberá dar respuesta al Asegurado en un plazo no mayor a dos (2) meses. Este documento sólo constituye una solicitud de seguro, por tanto, no representa garantía alguna de que la misma será aceptada por el Instituto Nacional de Seguros, ni de que, en caso de aceptarse, la aceptación concuerde totalmente con los términos de la solicitud.” En razón de ello, a menos que constara una manifestación expresa previa por parte del ente asegurador, hay un plazo de treinta días naturales para determinar si se cumplen con los requisitos para la aceptación de la inclusión, y en este caso, el formulario de solicitud de inclusión se llenó el 12 de octubre de 2017, el pago de las cuotas de colegiatura pendientes se realizó el veintitrés del mismo mes, y el señor [Nombre 021] falleció el tres de noviembre de ese año; por lo que aun dejando de lado que no se había pagado la prima correspondiente y que no constaba la reinserción como colegiado activo, no transcurrieron los treinta días naturales entre la suscripción de la solicitud y el acaecimiento del suceso amparable. El corolario de todo lo expuesto es que no se puede achacar conducta negligente al Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica al no incluir al señor [Nombre 021] en la lista de asegurados amparados a la póliza colectiva de vida antes de su fallecimiento. Por el contrario, quedó evidenciado que el indicado señor se colocó en la situación de ser primero excluido de tal beneficio al quedar suspendido de su condición de afiliado al Colegio y por no pagar las primas mensuales que le eran exigibles para acceder a la condición reclamada. Siendo ésta la causa alegada como origen del daño cuya indemnización se pide, la demanda debe ser rechazada en todos sus extemos [...]".