Resolución 00018-2023

"VIII. [...] La solicitud del recurrente es que le renueven la condición migratoria que ostenta, pero según el acto impugnado, el criterio de la Administración es que el actor está en condición de residente temporal y que los requisitos solicitados al actor son para tramitar una residencia permanente por primera vez (resultandos cuatro y seis, considerando segundo y punto sexto de los requisitos). Ahora bien, lo lógico es entender que, si el último estatus ostentado por [Nombre 001] era "RESIDENTE PENSIONADO LIBRE CONDICIÓN" es esa la que está renovando. Sin embargo, para la Administración, al no existir acto administrativo en el expediente, considera que todo lo actuado es irregular y que se debe comenzar con el cumplimiento de requisitos para el otorgamiento de residencia de pensionado permanente por primera vez, sin que la irregularidad esté demostrada y declarada, como se indicó supra. Además, cada renovación ocurrida en el pasado implica un acto administrativo, cuya irregularidad no se menciona por parte de la Administración, permaneciendo entonces válidos como actos consolidatorios y declaratorios de derecho para [Nombre 001] y por eso pierde sentido tramitar, como si fuera inicial, una gestión de renovación. Ante la inexistencia de documentos en el expediente administrativo, la Dirección General de Migración y Extranjería, debió tratar cada uno de los DIMEX como el resultado de actos presuntos que no se han anulado y no se han declarado falsos. Si en las oficinas administrativas no aparece, en todo o en parte, el expediente del actor, lo procedente es reponer las piezas, pero no solicitar requisitos nuevos, ni condicionar el estatus en el trámite de renovación. En la especie, la Administración ha sumergido el trámite en una confusión, desconociendo la realidad fáctica de la permanencia legal de [Nombre 001] durante tantos años y al amparo de los propios actos de otorgamiento de condición migratoria a su favor, violando el principio de intangibilidad de los actos propios, declaratorios de derecho. Ha dejado al administrado a la deriva, sin condición migratoria, sin documento para hacer valer el derecho que ha ostentado desde dos mil tres y en general, sin poder desarrollar aspectos jurídicos de su proyecto de vida, como los demostrados con las actas notariales aportadas. No puede la Administración, de forma abusiva, pretender solventar la negligencia interna y la falencia operativa de preservación del soporte de todas las actuaciones, desde la primera y luego lo actuado cada vez que se renovó un DIMEX, por medio de lo ordenado en la resolución que se impugna. [...]"