Resolución 00020-2023

"XI. [...] al entender erróneamente las autoridades actuantes -en los actos indicados- que lo dictado fue una sanción permanente, al entender que no podían continuar con el trámite de la evaluación ambiental, de manera que tácitamente dispusieron el archivo del expediente, y máxime que el jerarca dispuso agotada la vía administrativa del asunto. Esa decisión tuvo como consecuencia que la medida protectora se terminara por convertir en una disposición autónoma e indefinida; con lo cual, la medida cautelar fue utilizada como un fin en sí misma para dejar en indefensión y sin posibilidad de continuar la actividad productiva, en un área de su propiedad, a la empresa actora, cuyo fin de ser es la explotación agroindustrial. De esta forma, el contenido de la conducta administrativa impugnada resulta ilegítimo, ya que al sustentarse la paralización (en los actos que resolvieron los recursos de revocatoria y apelación en subsidio), con base en el artículo 93 del reglamento citado, se le otorgó a dicha disposición de un carácter sancionatorio, sin que ésta hubiera sido precedida de un debido proceso (lo que violenta tanto ese artículo del reglamento y la Constitución Política misma), además de que desnaturalizó el propósito de la medida cautelar protectora. Las anteriores consideraciones conllevan el acogimiento del argumento de la parte accionante en cuanto a que, en la práctica, se le impuso una doble sanción, por una parte, la paralización de la actividad en carácter de sanción expresada en las resoluciones que se pronunciaron acerca de los recursos de revocatoria y apelación y, por otra parte, con el archivo tácito del expediente dejando de forma indefinida el proyecto sin la correspondiente viabilidad ambiental. Esta decisión trabó de manera permanente y arbitraria la actividad económica de ese sector del área del proyecto, lo que implicó además una limitación indebida al derecho de propiedad por su permanencia en el tiempo, se insiste, por dejar de ser instrumental. En otras palabras, calificar de sancionatoria la orden de paralización, sin un debido proceso administrativo, desnaturalizó el fin que el ordenamiento jurídico administrativo fijó para los actos administrativos provisionales, lo que acarrea la nulidad de las medidas cautelares en cuanto se tornan en indefinidas por carecer de instrumentalidad, lo que constituye un vicio en el elemento contenido del acto impugnado, por ser contrario al principio de legalidad, al derecho de propiedad, y al debido proceso de la empresa actora. Consecuentemente, lo procedente es denegar los vicios de nulidad alegados respecto de la resolución N° 2280-19-SETENA en el entendido de que la paralización ahí dispuesta es una medida cautelar protectora del ambiente, cuya vigencia opera hasta que el órgano competente, en este caso la Secretaría Técnica Nacional Ambiental determine la viabilidad ambiental sometida a trámite ante esa dependencia por la empresa actora. Se anularán las resoluciones N° 3226-2019-SETENA emitida por la Comisión Plenaria y la R-39-2020-MINAE dictada por el ministro de Ambiente y Energía únicamente en cuanto afirman la existencia de una sanción e implicaron el archivo del trámite de viabilidad ambiental. [...]"