Resolución 00044-2023

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Por una parte, el demandante se limita a señalar en la demanda el supuesto defecto de falta o ausencia de referencia a esa norma internacional, pero no indica en modo alguno, la manera en que le resulta aplicable a su caso o en que puede constituirse en un elemento que conceda respaldo o solución a su caso; de suerte que pueda llegarse a decisión diversa a la adoptada por la Administración Migratoria. Y reiteramos que el

Tribunal no puede analizar los argumentos vertidos al respecto en el escrito de conclusiones, porque resultan sorpresivos y novedosos, según se expuso en el Considerando precedente. A mayor abundamiento, si se analiza el contenido de la Declaración de Cartagena, el conferimiento del estatus migratorio de refugiado que allí se regula, se condiciona a la acreditación o concurrencia de un supuesto de hecho particular, esto es, la existencia de amenazas o actos de persecución en contra del migrante; y lo cierto del caso es que el acto impugnado sí desarrolla las razones por las cuales esa condición, en el caso del accionante, no se cumple. Desde esa arista de examen, insistimos en que la sola circunstancia de que el acto cuestionado no haga referencia explícita a la norma internacional aludida, no implica perse la deficiencia en el elemento de la motivación como se acusa; pues el demandante no explica la manera en que su aplicación varíe el cuadro fáctico descrito en la resolución referida o lleve a una decisión distinta de la adoptada en la sede administrativa. Por ello, el vicio que se alega debe ser rechazado en los términos expuestos [...]

Finalmente, el actor requiere la nulidad de la resolución  N°135-868855-Administrativa citada por vicios de procedimiento. Nuevamente, la demanda es omisa en detallar y explicar cuáles son los que específicamente se endilgan a este acto impugnado. En realidad, en la teoría del caso que el actor plantea, esos supuestos vicios se direccionan en su mayoría a la resolución que ordenó la detención administrativa del demandante; pretensión anulatoria que ya fue rechazada por el Tribunal por falta de interés actual. Haciendo un esfuerzo intelectivo, podría interpretarse que los vicios de procedimiento que el actor reclama en relación con la decisión que le denegó la solicitud de refugio se refieren a dos aspectos. Primero, que como esa resolución se adoptó cuando él estaba privado de libertad en virtud de la aprehensión administrativa que en su momento se ordenó, no pudo contar con patrocinio letrado ni presentar recursos en contra de esa decisión. Sin embargo, a partir de los hechos que se han tenido por acreditados, estimamos que este argumento no resulta atendible.

Lo primero que debemos aclarar es que el acto impugnado fue notificado al actor en forma personal, cuando aún no había sido privado de libertad, sino más bien a las 10 horas 56 del 11 de marzo del 2020 (hecho probado 5), esto es, poco antes de que fuera detenido por la Policía de Migración, lo que aconteció a las 11 horas 5 minutos de ese mismo día (hecho probado 6). Debe tenerse presente que la resolución cuestionada indicó al aquí actor cuáles eran los recursos procedentes, el plazo y ante quien presentarlos. Sobre este punto, debemos advertir, además, que en sede administrativa, la presentación de los recursos no requiere de asistencia o patrocinio letrado. Por otra parte, se demostró que al momento de la detención, la Policía de Migración, informó al accionante el motivo de la aprehensión, el derecho a ser asistido por un profesional en derecho, a realizar una llamada telefónica, todo lo cual el señor García Prieto Escudero indicó comprender y estar de acuerdo; así como se le consultó su estado de salud, a lo que él contestó gozar de buena salud física y mental (hechos probados 6 y

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Pero lo cierto del caso es que el demandante no explica ni acredita los elementos requeridos para que el Tribunal pondere la necesidad de valorar, como fuente de derecho, esa supuesta costumbre; a saber, que se trate de una práctica usual, reiterada, constante y, además, de observancia preceptiva. Pero hay una razón más importante para que el Tribunal rechace ese argumento. Y es que en la solicitud de refugio planteada, el actor no ofreció ninguna probanza de carácter testimonial o de otra naturaleza, que hiciera necesaria su evacuación en una audiencia oral para garantizar el ejercicio del contradictorio. Ello se infiere con claridad de la solicitud planteada, en la que solo se ofreció el pasaporte y una declaración jurada, tal cual se confirma en el acto impugnado (hechos probados 2 y 5). De esta forma, no observa el Tribunal la necesidad y utilidad de la audiencia oral que se reclama ni la forma en que, de haberse realizado, se hubiese cambiado la decisión final denegatoria. Ergo, no se causó al accionante ninguna indefensión que amerite declarar la nulidad de lo dispuesto en la resolución impugnada [...]

La segunda pretensión que se formula es para que "(...) Accesoriamente se solicita se ordene a la COMISIÓN DE VISAS RESTRINGIDAS Y REFUGIO volver a conocer y resolver solicitud de refugio del actor, ponderando amplia y motivadamente las normas internas e internacionales relativas a la institución de refugio, incluyendo entre ellas la DECLARACIÓN DE CARTAGENA DE 1984. Asimismo, que en el procedimiento policial ante la POLICÍA PROFESIONAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA se retrotraigan todos los actos procesales a la etapa inicial. (...)". Atendiendo al rechazo de la pretensión anulatoria, estimamos que este pedido resulta improcedente. Por una parte, no resulta posible el reenvío a la Administración Migratoria porque este Tribunal ha desestimado los vicios de nulidad que se alegaban razón por la cual, en lo impugnado, lo resuelto por la Comisión de Visas Restringidas y Refugio resulta válido y no existe ninguna razón que justifique el reenvío [...]".