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Tribunal Contencioso Administrativo Sección III
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Documento judicial
"IV.- Sobre el fondo. Los artículos 32 y 33 de la Ley General de Caminos Públicos, número 5060, del 22 de agosto de 1972 y sus reformas, disponen la prohibición expresa de que terceros cierren los caminos públicos de manera ilegal, así como el procedimiento que debe seguir la corporación local para ordenar su reapertura. [...] El procedimiento transcrito parte entonces de tres supuestos, a saber: primero, que existe un camino; segundo, que ese camino estuvo destinado al uso público por más de un año; y tercero, que fue cerrado o estrechado por un tercero sin autorización, impidiendo el paso. Por ello la municipalidad debe levantar una información en la cual se hace traer al presunto infractor y se le escucha, junto con al menos tres testigos y prueba técnica a efecto de determinar la naturaleza del camino y si éste estuvo abierto por más de un año. Del mismo modo, debe cumplirse el debido proceso y, por supuesto, emitir finalmente una resolución debidamente fundamentada, que abarque todas las cuestiones de hecho y de derecho involucradas en el asunto, acto este último que puede impugnarse, mediante los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, previstos en el Código Municipal. Se trata, como se advierte con claridad, de un procedimiento de tipo especial y de naturaleza sumaria, cuya finalidad es resguardar los intereses públicos manifestados en la especie, dada la necesidad de mantener abiertos los caminos públicos, en razón de su naturaleza de bienes de dominio público, pero garantizando que no se ha de dar privación ilegal alguna de la propiedad privada. Los gobiernos locales deben tener absoluta certeza de la existencia de la vía y su demanialidad, pues caso contrario podrían irrumpir ilegalmente sobre derechos fundamentales de los administrados.
En muchos de esos casos, el administrado que dispone unilateralmente el cierre, suele estimar que el camino no es público, o bien, lo considera parte de su propiedad, razón por la cual, el principal objeto de este tipo de causas, es determinar la naturaleza pública o privada, de la vía. De ello dependerá el resultado final, pues de acreditarse que la vía es pública, el ayuntamiento debe identificar con precisión al transgresor a quien se le ha de imponer la obligación de la apertura [...]
[...] Es incorrecto sostener que solo existen dos alternativas para declarar una vía como pública, que son, según su criterio, derivadas de un proceso de urbanización o como solución a una necesidad comunal e institucional. En primer lugar, no se requiere que la vía tenga las características de calle pública (ancho, calzada, cordón, caño, por ejemplo), ni que haya sido recibida por el ayuntamiento. En nuestro país existen muchas vías públicas constituidas por ese tipo de caminos en zonas principalmente rurales, mismos que, sin cumplir con especificaciones técnicas de ningún tipo y sin haber sido recibidos por la Municipalidad, han sido destinados al uso público materialmente, inclusive de manera tolerada por quienes fueran dueños registrales. Por ello, estima esta Cámara que la resolución del Alcalde para considerar que la franja de terreno no es una vía pública, es insuficiente e incorrecto, impidiendo un estudio de la causa sobre la posibilidad de que este camino sea público, aún con sus características [...]".