Resolución 00023-2023

"VII. [...] Ahora bien, respecto a la actuación de cualquier persona que representa los intereses de cualquier institución de carácter público, es menester señalar, que la misma debe caracterizarse por la legalidad, el bien común, la transparencia, la imparcialidad y la responsabilidad y atención del deber de probidad, situación que no desvirtuó ni en sede administrativa ni ante este órgano jurisdiccional la demandante, siendo evidente más bien, a la luz de las probanzas examinadas, que en efecto como lo alegó el Estado, la actuación de doña Paola al sugerir y lograr modificar un acta con acuerdo firme aprobado, resultó contraria al deber de probidad, pues modificó un registro público ya aprobado en el seno del órgano colegiado, lo que constituye un mecanismo anómalo que socaba la transparencia en el ejercicio de la función pública. En esa línea, desde vieja data y de manera reiterada, nuestra

Sala Constitucional ha sostenido que el deber de probidad es un valor inherente a la concepción constitucional del servicio y la función pública. Así por ejemplo, en el voto número 18564-2008 de las 14:44 horas del 17 de diciembre del 2008 indicó lo siguiente: [...]"