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Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Zona Sur Sede Pérez Zeledón Materia Civil
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Documento judicial
"V. [...] Cuando se ejecuta una condenatoria a pagar daños y perjuicios en abstracto, como sucede en este proceso, corresponde a la parte ejecutante la acreditación del daño causado como consecuencia del hecho generador de la condenatoria. Esto significa que si se trata de accidentes de tránsito se debe probar cuáles fueron los daños efectivamente producidos por la colisión y, a su vez, establecer objetivamente el valor pecuniario de la indemnización respectiva, sea, el monto requerido por concepto de mano de obra y repuestos para la reparación. La demanda de ejecución debe cumplir lo indicado por en el numeral 35.1, inciso 4, específicamente, formular una liquidación concreta y detallada, con indicación de los montos concretos de cada daño reclamado y la prueba respectiva. La parte a favor de la cual se ha concedido tal derecho, en consecuencia, tiene la carga de demostrar, específicamente, lo siguiente:
La condenatoria determinada en abstracto por parte del órgano jurisdiccional;
La entidad, extensión y monto del daño sufrido en su patrimonio; y,
La derivación causal del daño, en relación con el hecho generador reconocido en la sentencia ejecutada. El simple hecho de tener a favor una condenatoria en abstracto, no le garantiza a la parte ejecutante la procedencia de lo que pide, pues si incumple su carga probatoria, sus pretensiones deben rechazarse, ya sea total o parcialmente según corresponda. Por ello, el
Juzgado aprobará solo las partidas acreditadas conforme al mérito de los autos. Es responsabilidad de la parte accionante aportar la prueba que sea apta para acreditar la existencia del daño, su relación causal con el hecho generador y, finalmente, el monto a otorgar por concepto de indemnización. Se aclara, que no se requiere que el daño haya sido ya reparado y se cuente con la prueba de lo efectivamente pagado. Es más, es posible que todavía no se haya podido realizar la reparación correspondiente, sin que ello afecte en nada el derecho resarcitorio. Simplemente hay que demostrar que el daño es cierto o efectivo y determinar la valoración económica de éste. La cuantificación puede realizarse mediante peritaje o alguna determinación técnica objetiva, que permita establecer el monto de dinero necesario para resarcir el daño acreditado, pero, se reitera, ninguna disposición legal exige que primero se haga la reparación, luego se pague, para finalmente acreditar el monto de lo pagado. Bien puede la parte presentar su liquidación y demostrar el monto del daño, sin que haya procedido a la reparación, pues el monto indemnizatorio corresponde a la disminución del patrimonio, no a un reembolso de lo pagado. Ahora bien, el simple hecho de que la parte accionante tenga en su favor una condenatoria en abstracto, no le garantiza la procedencia de lo que pide, pues si incumple su carga probatoria, sus pretensiones deben rechazarse, ya sea total o parcialmente según corresponda."