Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV
Cargando texto de la resolución…
Los enlaces corresponden únicamente a citas expresas verificadas.
Documento judicial
"IV.- DEL FUNDAMENTO DE LA DEMANDA Y SU VALORACIÓN POR PARTE DE ESTE
TRIBUNAL:
Indicó el actor que hace aproximadamente 40 años ingresó como ocupante de manera pública, pacífica, ininterrumpida y en calidad de dueño a terrenos que en algún momento transcurrió el Río Barranca y que a lo largo del tiempo fue adquiriendo otros terrenos en la misma zona de diferentes ocupantes, hasta reunir un terreno de aproximadamente 6 hectáreas, en las cuales desarrolló varias actividades tales como una fábrica de carbón, de baldosas de concreto, sembradíos, galerones, bodegas, tanques para agua, piscinas, etc. Señaló que en esa misma área, el INVU desarrolló 3 proyectos de vivienda social denominados, Corazón de Jesús, Gloria Bejarano y Riojalandia (Plaza Fantasma), y que el INVU construyó un dique o muro de contención y respetó su propiedad. Ello por cuanto el terreno que ocupó formaba parte de lo que el Río en algún momento dejó y no del inmueble donde se desarrollaron los proyectos de vivienda social. Que pese a que los terrenos por él ocupados no formó parte de las fincas a nombre del INVU bajo números 6-33685-000, la No. 6-20055-000 y 6-10414-000, las cuales se corresponden con los terrenos de las Ciudadelas Gloria Bejarano, Corazón de Jesús y Riojalandia (Plaza Fantasma); esa institución por oficio DPH-UFIBI-0189-2018, le previno desalojarlo y derribar las obras construidas, dejándolo en las mismas condiciones en que se encontraba a su ingreso. En la audiencia complementaria de juicio oral y público manifestó que el actor no está ocupando terrenos del INVU, porque el inmueble por él ocupado se ubica después del dique y que el INVU en la contestación de la demanda indicó que esa zona le corresponde a la Ley Forestal No. 7575, por lo que el INVU no tiene competencia para solicitar su desalojo y por ende es a la Ley Forestal a la que le corresponde su protección [...]
Criterio del Tribunal: [...] es importante resaltar que el INVU señaló que el inmueble ocupado no fue desarrollado dentro de las obras urbanísticas desarrolladas, por formar parte de la rivera del Río Barranca, y por ende según la Ley Forestal No. 7575, goza de una protección especial. En este sentido el artículo 33.b de la citada Ley Forestal señala: "Áreas de protección. Se declaran áreas de protección las siguientes:...b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado." De esta forma al constituir las riberas de los ríos, una zona de protección, ninguna obra puede ser levantada en dichos sitios. Y es que resulta una limitación razonable al derecho de protección pues constituye una forma de proteger a los administrados ante eventuales crecidas que puedan darse en dichas zonas, máxime por las consecuencias del cambio climático, donde cada vez son más intensas las lluvias, lo que hace que las aguas de los ríos tiendan a recuperar su curso, abarcando zonas mas allá de su cause normal. De ahí que tanto las Municipalidades como las demás instituciones estatales deben evitar la construcción en dichos sectores. Conforme a lo expuesto no lleva razón el actor al reclamar un derecho de propiedad sobre un inmueble que registralmente pertenece al INVU, y menos aún sobre un inmueble que corresponde a una zona de protección conforme al artículo 33.b de la Ley Forestal No. 7575. De esta forma, el actor debe tener claro que ningún tipo de derecho (ni de propiedad, ni de ocupación) podría constituirse sobre un bien que se encuentra inscrito a nombre de una institución estatal, ---salvo que opere una desafectación previa---, y menos aún sobre la porción de un inmueble que se encuentra afecto a lo dispuesto en la Ley Forestal No. 7575 en su artículo 33 inciso b, por constituir una zona de protección a la ribera del Río Barranca. En todo caso, tampoco habría de resultar procedente usucapir, sea, adquirir el dominio sobre esa porción de terreno, dado que se trata de un bien inmueble registralmente inscrito y cuyo dominio corresponde a un
De esta forma en criterio de la Cámara no había impedimento alguno para que el INVU en tutela de un inmueble de su propiedad ordenara o solicitara el desalojo del actor. En cuanto a la alegada falta de competencia del INVU para solicitar el desalojo bajo el alegato de que por ser una zona de protección conforme a lo dispuesto a la Ley Forestal; dicho alegato se rechaza, bastando para ello con indicar que el hecho de que la propiedad sea del INVU y la misma se encuentre bajo los límites que señala la Ley Forestal, ello de manera alguna veda la obligación del INVU como propietaria del terreno para hacer cumplir la protección que ordena dicha Ley, en garantía y tutela de los ríos en particular y del medio ambiente en general. No habiendo entonces impedimento legal alguno para que el INVU dispusiera u ordenara el desalojo del actor de los terrenos propiedad de esa Institución, y por ende la legalidad en lo actuado por la institución accionada. Corresponde ahora analizar si procede la segunda pretensión del actor, a saber, que se le pague la indemnización por el daño correspondiente al monto de la propiedad y lo construido en la misma, que identificó como la fábrica de baldosas de concreto o prefabricados, la pequeña industria de carbón, las 5 piscinas, la bodega, la cabina, los galerones, el cultivo de pitaya, y los más de los 42 años que de cuido le ha dado al inmueble. En primer lugar señalar que resulta improcedente el reclamo que el actor hace del pago del inmueble que ocupó, pues no es posible ordenar al INVU pagarle al accionante una propiedad cuyo dueño registral es justamente la institución accionada, sin que el aquí actor pueda alegar mejor derecho al dominio sobre la misma. Luego, tenemos que el actor solicitó el pago de una indemnización por el daño correspondiente por lo construido en el sitio, que identificó como la fábrica de prefabricados, la pequeña industria de carbón, las 5 piscinas, la bodega, la cabina, los galerones y el cultivo de pitaya y los más de 42 años de cuido que le ha dado al inmueble. La representación del actor, ató en nexo de causalidad del daño reclamado, afirmando que, se fugó la información acerca de la orden de desalojo ordenada en su contra por el INVU; por lo que terceros procedieron a invadir el inmueble que ocupó debiendo abandonarlo y con ello los daños sobre los que solicitó una indemnización. Sin embargo, la representación del actor no acreditó que personeros o funcionarios del INVU fugara dicha información y con ello se diera la invasión por parte de terceros en el inmueble ocupado por el actor. Y es que si la representación del actor asume que la invasión del terreno ocupado por su cliente, se dio a raíz de la fuga de la información del desalojo ordenado por el INVU; debió demostrar que la fuga de información se dio por parte de funcionarios del INVU, situación que no acreditó por ningún medio. Y es que en cuanto a la carga de la prueba recordar que a la sombra de lo normado por el .1 del Código Procesal Civil con relación al 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo, es obligación de la parte probar su dicho, lo que en la especie no lo hizo [...]
En el presente caso el orden de desalojo (acto administrativo formal cuya nulidad no se peticionó en el escrito de demanda) se dio conforme al ordenamiento jurídico en tutela de un bien inmueble propiedad del INVU sobre el que recae una protección conforme al artículo 33.b de la Ley Forestal No. 7575, por lo que dicha actuación resulta normal y lícita. Y el daño que reclamó en razón de la invasión del inmueble, fue hecha por terceros, sin intervención del INVU. Situación que constituye un eximente de responsabilidad, razón por la que tampoco resulta procedente el pago de la indemnización reclamada a cargo del INVU. Corolario de lo expuesto es el rechazo de la demanda en todos sus extremos [...]".