Resolución 00016-2022

DEL RÉGIMEN JURÍDICO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA: En cuanto a la normativa y principios que rigen la materia contractual en el sector público, esta misma Sección del

Tribunal señaló en la sentencia No. 075-2016-IV de las quince horas con diez minutos del veinticinco de agosto del año dos mil dieciséis, en lo que interesa: "...La diversa gama de procedimientos licitatorios a los que puede recurrir la Administración Pública con la finalidad de proveerse de algún bien o servicio por parte de particulares con el propósito de satisfacer intereses que desde luego, por imposición del ordenamiento jurídico han de ser públicos, se rigen por el Derecho Administrativo. Existen principios constitucionales derivados del artículo 182 de la Carta Magna, y legales virtud de las disposiciones comprendidas particularmente en la Ley de la Contratación Administrativa número 7494, del dos de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (artículo 10) y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 33411-H, del veintisiete de setiembre del dos mil seis, vigente a partir del cuatro de enero del dos mil siete, antes Decreto Ejecutivo número 25038-H, del siete de marzo de mil novecientos noventa y seis, que no pueden entonces, ser pasadas por alto siempre que nos encontremos ante este tipo de marcos de reflexión. Del mondo indicado, obsérvese que artículo primero de la Ley de Contratación Administrativa dispone en lo que interesa, que dicho cuerpo normativo “...regirá la actividad de contratación desplegada por los órganos del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el sector descentralizado territorial e institucional, los entes públicos no estatales y las empresas públicas." (El subrayado no es del original). Entre las entidades que conforman ese sector descentralizado, se encuentran los gobiernos locales, y en tanto la justificación de la contratación administrativa es precisamente la finalidad de satisfacer el interés público que le ha sido encomendado a una determinada dependencia pública, ese postulado que como regla general informa la materia, habrá de servir como marco de interpretación de la normativa vigente [...]

Cuando se trate del incumplimiento de la Administración con los compromisos adquiridos en un contrato administrativo, no podría pensarse que al contratista le esté vedado el encontrar la reparación de los daños que aquel quebranto ocasione, pero este conflicto corresponde ser llevado ante un Juez (Contencioso Administrativo) con el propósito de que se haga tal declaración, en aplicación directa del principio general de la reparación -que deriva del mandato 41 de la Constitución Política-. Al respecto debe tenerse en cuenta, que en efecto el principio de la buena fe es una premisa básica y fundamental en la contratación administrativa. En este sentido es importante tener en cuenta que a través de este mecanismo la Administración Pública logra cumplir los fines públicos que el ordenamiento jurídico le ha impuesto; lo cual presupone una adecuada disposición de parte, tanto del contratista para dar cumplimiento a ese fin público encomendado con ocasión de la contratación y ejercitar sus capacidades con la calidad que habría de brindar a cualquier consumidor de sus servicios, como de la Administración contratante, a fin de permitirle a la primera el cumplimiento de lo pactado y retribuir de conformidad con ello.-Sobre el cartel de licitación, teniendo presente los alcances que el principio de buena fe en la actividad de la contratación administrativa conlleva, debe tenerse claridad que con sus notorias diferencias, en todo caso la entidad Administrativa contratante se equipara a un consumidor más de bienes y servicios, que busca proveerse de aquellos que mejor den satisfacción al interés público. Por su parte el principio de control de los procedimientos advierte que la Administración y su colaborador, habrían de procurar el éxito de la contratación en todas las fases de que importa el procedimiento. La Ley de la Contratación Administrativa dispone en lo que interesa, "Artículo

Verificación de procedimientos. Es responsabilidad del contratista verificar la corrección del procedimiento de contratación administrativa, y la ejecución contractual. En virtud de esta obligación, para fundamentar gestiones resarcitorias, no podrá alegar desconocimiento del ordenamiento aplicable ni de las consecuencias de la conducta administrativa". (El resaltado y subrayado no es del original) [...]

SOBRE EL FONDO [...]

B) sobre la naturaleza de los problemas que presentó la obra constructiva del edificio de los Tribunales de Justicia de Turrialba, en cuanto a los repellos en sus paredes y columnas internas se refiere: En cuanto a los repellos de la paredes y columnas internas, se ha acreditado que desde el año 2008 la Administración del Poder Judicial, gestionó ante el Consorcio Piasa-Condisa y la empresa Constructora Gonzalo Delgado S.A., subsanar problemas de desprendimiento de la pintura por problemas de abofamiento. Al respecto se acreditaron las siguientes gestiones: i)  Por oficio 0021-04-SG-2008 del 11 de enero de 2008, y 0259-04-SG-2008, la señora Ana Beatríz Méndez Alvarado, Jefa del Departamento de Servicios Generales del Poder Judicial; le solicitó al Consorcio Piasa-Condisa y a la Constructora Gonzalo Delgado, corregir los daños que presentaba el edificio entre otros, problemas de desprendimiento de pintura y coarteado. (Ver imágenes 594, 595, 605, 609 y 610 del expediente digital judicial). ii) Por resolución No. 1582-10 de las 11:15 horas del 11 de mayo de 2010 se sancionó al Consorcio PIASA-CONDISA por incumplir con lo contratado, al errar en el diseño y descuidar la inspección de la obra. Además, por resolución No. 1656-10 de las 11:50 horas del 14 de mayo de 2010 se sancionó a la empresa "Constructora Gonzalo Delgado S.A." por incumplir con lo contratado, pues entregó un objeto contractual de inferior calidad al pactado [...]

Por su parte la representación del Consorcio Piasa-Condisa solicitó el nombramiento de un perito para que determinara si existió una afectación de elementos de la obra por vicios ocultos, derivados de la construcción. Además de estimar las zonas ó áreas donde se plasmaron esas afectaciones y las razones de la misma. Determinar si existe responsabilidad ligada por parte de la inspección y de la constructora, así como el grado de responsabilidad de cada una de las partes. Dicho peritaje recayó en el Ingeniero Edgardo Siles Morales, quien concluyó en su pericia: "...4.1 Se concluye que producto de las obras de construcción del edificio de los Tribunales de Justicia de Turrialba, obra a cargo de la empresa constructora Gonzalo Delgado S.A, se presenta una situación de vicio oculto con la actividad de acabado de repello fino, lo que deriva un desprendimiento de parte del mismo acabado, siendo necesaria su reparación y el consecuente pintado de toda el área afectada..." Además de las pericias anteriores, en la audiencia de juicio se evacuó el testimonio del Ingeniero José Guillermo Vindas Cantillano, para que como Subjefe del Dpto. de Servicios Generales del Poder Judicial declarara como testigo perito, y quien ante este Tribunal señaló que desde el punto de vista de la Ingeniería, el "vicio oculto" es todo aquello que está mal hecho o hecho sin cumplir las exigencias técnicas, pero que dichas deficiencias no se perciben a simple vista y para determinar su existencia y causa se requiere prueba técnica. Que revisó los repellos del edificio de los Tribunales de Justicia en Turrialba, y concluyó que en su criterio el desprendimiento del repello se debió a una mala preparación de la superficie a repellar, por lo que no se logró la adherencia necesaria, de forma que el repello quedase debidamente anclado en la pared. Señaló que se reclamó a las empresas y que el Consorcio Piasa-Condisa declinó el reclamo alegando que no era de su responsabilidad la aplicación del repello y la Constructora González Delgado S.A. indicó que ellos no eran responsables. También declaró el señor Luis A. Solís Jiménez, Administrador del Edificio y dijo que revisó el edificio y a pesar de que era nuevo presentaba una serie de dañ os en sus paredes y pisos, tales como desprendimiento del repello [...]

Conforme a las pericias realizadas es claro que se dio un problema con respecto al repello en las paredes y columnas internas del edificio. Problemas que fueron calificados como vicios ocultos por los peritos, en razón de su naturaleza constructiva. De esta forma no hay duda para la Cámara que efectivamente la presente reclamación obedece entonces una responsabilidad contractual, responsabilidad que conforme a lo indicado por la Sala Primera en su jurisprudencia (Sentencia No. 320, de las 14:20 horas del 9 de noviembre de 1990), puede derivar en una indemnización por daños y perjuicios por vicios ocultos, siempre que la reclamación se haga dentro del plazo establecido en el artículo 35 de la LCA y 38 de su Reglamento [...]".