Resolución 00038-2022

"SEXTO [...] El  proceso Civil de Hacienda procede por y contra la Administración para dilucidar los aspectos estrictamente patrimoniales de ésta, en donde no se discute la legalidad de la actuación administrativa en el ejercicio de sus potestades de imperio, sino estrictamente obligaciones pecuniarias de la Administración o de un administrado en favor de ésta, originada esa responsabilidad civil en una actuación material legítima o ilegítima de la Administración, que cause lesiones o daños al particular, o en una relación de Derecho Privado de la Administración, donde este no actúa en ejercicio de sus potestades de imperio. En estos procesos, la obligación patrimonial que se exige es independiente y hasta ajena a la actividad formal administrativa, por lo que podría ser sancionada sin necesidad de revisar aquella. Tal situación no coincide en absoluto con el caso de marras, pues, aunque se intenta solapar, lo pretendido gravita en torno a la validez o no de lo dispuesto por los demandados en actividad formal administrativa. Nótese que la actora pide declarar primero “la improcedencia del cobro realizado” y señala como la causa que origina los daños reclamados “la ilegítima imposición de la multa”. Así, por más que la actora se cuida intencionalmente de utilizar la fórmula de declaración de nulidad, no puede obviar que tanto “el cobro realizado”, como “la imposición de la multa”, son actos administrativos concretos, respecto de los cuales está pidiendo que se califiquen como “improcedentes” e “ilegítimos”, respectivamente [...]".