El
Tribunal a-quo ha sostenido que "a la venta judicial de cosa común no le son aplicables, sin cambio alguno, las reglas de la ejecución de suma líquida" y, en efecto, así es.
Respecto de los presupuestos para ordenar la venta forzosa de bienes, la doctrina nacional ha explicado:
"La existencia de una obligación le confiere al acreedor el derecho de compeler al deudor a la ejecución de aquello a lo que está obligado. Esa ejecución se debe realizar atendiendo a lo dispuesto por la legislación procesal y sustantiva.
Para ordenar la venta forzosa de bienes es indispensable la existencia de una obligación reconocida judicialmente, aceptada por el mismo deudor (hipoteca o prenda) o establecida por ley (hipoteca legal).
Así las cosas, para ordenar un remate es indispensable una sentencia firme que establezca la existencia de una obligación dineraria líquida y exigible y que, además, el bien haya sido legalmente embargado, para responder a esa obligación. El embargo, en ese caso es presupuesto indispensable para ordenar el remate del bien" [López González, Jorge (2019). Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense. Tomo