Resolución 00272-2020

"III) PRONUNCIAMIENTO: Como ya lo ha expuesto esta Cámara, uno de los temas que sufrió variantes con la implementación del Código Procesal Civil,  que nos rige desde octubre del año 2018, es el de las medidas cautelares. Nuestra legislación actual brinda mayor cantidad de medidas y tiene una visión mucho más amplia de las situaciones que eventualmente, pueden requerir tutela cautelar. Ahora bien, lo anterior no debe ser óbice para reconocer la naturaleza extraordinaria que tienen las medidas cautelares, y que la exigencia en cuanto a requisitos de la solicitud es superior bajo la nueva normativa.  Al igual hay que considerar, que si bien el código, prevee la posibilidad de que el juez, oficiosamente conceda una medida en vez de la solicitada en principio, no se puede perder de vista el carácter marcadamente dispositivo de la tutela cautelar. En esa línea de pensamiento, considera esta Cámara que la solicitud de anotación de la demanda, planteada por la parte actora, al margen de las sociedades accionadas, no se ajusta a lo ordenado por el artículo 87 del Código Procesal Civil. No procede la anotación de demanda en sociedades, como medida cautelar típica, porque esta fue prevista para anotar derechos reales o personales con efecto real, en bienes inscritos, y las sociedades no son bienes, bienes pueden ser sus acciones o su patrimonio, pero la sociedad como tal no es un bien jurídico, es una persona jurídica. Ahora bien se contemplaría dentro de las “otras medidas cautelares” que podrían decretarse a tenor de lo normado por el ordinal 92 ídem, las cuales al igual que el resto de medidas, la solicitud deberá cumplir con los requisitos de admisibilidad del numeral 93 ibídem, toda vez que aunque se formula dentro de la demanda, lo cierto es que no indica la gestión, la finalidad, ni la justificación, y no ofrece la prestación de garantía o bien, no hace la solicitud de exención de esa carga procesal que debe acompañar la solicitud de medidas cautelares [...]Si bien la medida se gestionó junto con la demanda, la normativa procesal establece requisitos para su solicitud, y como ya lo había apuntado tanto este Tribunal como el mismo recurrente, la única motivación que dio en su momento el gestionante fue "para poder asegurar las resultas del juicio", argumento que no podría cumplir con satisfacer requisitos de finalidad y mucho menos su justificación, y tampoco podría el juez de oficio argumentar sobre éstos, a quien le corresponde decidir lo solicitado, e incluso disponer una medida diferente a la solicitada, pero todo, claro está, en virtud de lo fundamentado por el solicitante, porque a tenor del numeral 77 ídem, como regla general la tutela cautelar solo se puede disponer a solicitud de parte, principio dispositivo, los tribunales no actúan de oficio entratándose de intereses privados, y también porque se decretan bajo la responsabilidad de quien las solicita".