Resolución 00678-2017

Uno de los motivos

primordiales de inconformidad del accionante

Guillermo Salazar González, consiste en la no aceptación por parte del Juzgador

de primera instancia, de prueba documental referente al texto base del contrato

de franquicia comercial y a la pericial originalmente ofrecidas en el acto de

interposición de la

demanda. Estimó que "olímpicamente", el

Juzgado

omitió pronunciarse. De esa temática se ocupan los acápites uno y dos del

recurso. Por autos firmes de las ocho horas quince minutos del diecinueve de

marzo de dos mil quince (folios 91 a 92) y de las catorce

horas veinticuatro minutos del diez de agosto del dos mil quince (folio 134),

esas probanzas fueron prescindidas. La razón de tal proceder, no fue fortuita,

sino por incurias del promovente de la acción. En las razones

de recibido de folios 13 vuelto y 85 vuelto, no se aprecia la aportación

efectiva y oportuna de la copia con la letra del pacto, para ponderar su

clausulado. El cuestionario para el experto nombrado, nunca fue incluido por el

interesado, imposibilitando el desarrollo del estudio técnico propuesto. En ese

estado de cosas, se detecta desidia del accionante en

el cumplimiento de la carga procesal de acreditar hechos constitutivos. Deviene

en imposible atribuir a la prueba para mejor resolver, el carácter

complementario que debe tener. No estaba obligado el órgano Resolutor

de mayor cuantía, a ordenar una vez más, la evacuación y no hay nulidad alguna

por esa causa. Al respecto, se ha resuelto:

"VII (...) La admisión de la prueba para mejor resolver,

como reiteradamente se ha dicho, constituye una facultad discrecional del

juzgador (artículo 331 del Código Procesal Civil), por lo que no se puede

cometer ninguna infracción legal por el simple hecho que el juez no admita una

prueba ofrecida con ese carácter" (Sala Primera de la Corte Suprema de

Justicia, resolución número 295-F-00 de las quince horas treinta y cinco

minutos del tres de mayo del dos mil).

De

igual forma, tampoco es procedente atender el reproche desde la óptica

constitucional que plantea el recurrente. El voto 1739-92 que cita, ciertamente

contiene como garantía del debido proceso legal, la oportunidad de ofrecer

prueba. Empero, eso es factible, no de una forma irrestricta y abierta, como lo

persigue el impugnante en el caso concreto. El ejercicio de esa prerrogativa

está sujeto a los límites temporales impuestos por plazos improrrogables para

la aportación de la

evidencia. Desde la óptica del Derecho de la Constitución el

órgano A quo, al no volver a dar entrada a los medios probatorios ya

prescindidos, mantiene el principio de igualdad (confrontar con voto de Sala

Constitucional de la Corte Suprema de

Justicia número 20-95 de las quince horas cincuenta y siete minutos del tres de

enero de mil novecientos). En consecuencia, de conformidad con 331 y 565 del

Código Procesal Civil, en lo sucesivo, se desecha cualquier agravio que

involucre críticas por no valorar pruebas prescindidas y no revividas para

mejor proveer.”