Resolución 00434-2017

Adopción de medidas cautelares.

Antes de iniciar un proceso por infracción de un derecho de propiedad

intelectual, durante su transcurso o en la fase de ejecución, la autoridad

judicial competente, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro

Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, según corresponda, adoptará

las medidas cautelares adecuadas y suficientes para evitarle una lesión grave y

de difícil reparación al titular del derecho y garantizar, provisionalmente, la

efectividad del acto final o de la sentencia.

Una

medida cautelar solo se ordenará, cuando quien la pida acredite ser el titular

del derecho o su representante y presente las pruebas razonablemente

disponibles, con el fin de establecer, a su satisfacción, un grado suficiente

de certidumbre de que el derecho del demandante es objeto o va a ser objeto

inminente de infracción. Antes de ordenar la medida, la autoridad judicial, el

Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor

y Derechos Conexos, requerirá que quien solicite la medida otorgue garantía

razonable o caución equivalente suficiente para proteger al demandado y evitar

abusos, así como para no disuadir de manera irrazonable el poder recurrir a

dichos procedimientos.

En

los procedimientos relativos al otorgamiento de medidas cautelares relacionadas

con la observancia de una patente, habrá una presunción refutable de que la

patente es válida.

Artículo 4º—Proporcionalidad de la medida.

Toda decisión que resuelva la solicitud de adopción de medidas cautelares,

deberá considerar tanto los intereses de terceros como la proporcionalidad

entre los efectos de la medida y los daños y perjuicios que ella puede

provocar.

Artículo 5º—Medidas. Podrán ordenarse,

entre otras, las siguientes medidas cautelares:

b) El

embargo de las mercancías falsificadas o ilegales.

c) La

suspensión del despacho aduanero de las mercancías, materiales o medios

referidos en el inciso b).

d) La

caución, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía suficiente. (Lo resaltado con

negrita no es de su original).

Los presupuestos necesarios para decretar una medida

cautelar tratándose de derechos regulados por la ley supra

citada, son: acreditación de la

titularidad

del derecho o su representación (apariencia de buen

derecho) y que presenten las

pruebas razonablemente disponibles, para establecer, si existe grado suficiente de certidumbre que el derecho del

demandante es objeto o va a ser objeto inminente de infracción. En la sentencia 00123

de las diez horas del 30 de abril del año 2015, esta sección del

Tribunal

analizó en un tema de medidas cautelares sobre derechos de autor lo siguiente: "...X. El artículo 3, párrafo segundo, de la LPODPI,

regula la legitimación para solicitar una medida cautelar en esta materia, al

disponer que solo se ordenará, cuando quien la pida acredite ser el titular del

derecho o su representante. Basta, para el legislador, con demostrar el vínculo

de titularidad entre quien solicita la tutela y el derecho de propiedad

intelectual que se estima quebrantado, para cuya protección se pide la cautelar..."; "...La

tutela se funda, más bien, en la actuación supuestamente violatoria de los

derechos conferidos por la patente o el diseño por parte de un sujeto a quien

no le interesa la oponibilidad registral,

pues ese presunto infractor no estaría realizando actos negociales

de adquisición de derechos de quien formalmente aparezca como titular, sino

actos que quebrantarían supuestamente el contenido sustantivo de los derechos

conferidos de quien, independientemente de la inscripción registral,

ya es titular de ellos. Por ese motivo, la normativa cautelar únicamente exige

constatar la titularidad, sin que para conceder la protección sumaria y

provisional cautelar sea necesaria la inscripción..." (sic). En

relación con lo dispuesto en los artículos transcritos de la Ley de

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el

extracto citado de esta sección del tribunal, con otra integración, se concluye

que el análisis que debía efectuar el juzgador para determinar la procedencia

de la medida solicitada por NAVSAT, es verificar la

titularidad de los mapas digitales bajo la marca Ez Find, y con base en la prueba documental aportada por la promovente que corre a folios 7 a 38, tal hecho quedó

demostrado. El otro aspecto a valorar es si el derecho de NAVSAT

es objeto de infracción. Y como lo señaló el juzgador, según la prueba aquí

aportada, de los primeros testimonios que corren a folios cincuenta y ocho a

sesenta y dos quedó demostrado que Track It vende mapa y GPS Garmin cuyas

coordenadas muestran la marca EZ, que identifican el

mapa de NAVSAT. Lo que sugiere una aparente

infracción a los derechos de ésta, siendo procedente la medida decretada. Los

argumentos expuestos por el licenciado Huertas Angulo en el sentido de que

existen pruebas que acreditan que se trata de mapas diversos, que Track It tiene su propio equipo

para generar sus mapas, que ésta ha realizado diversos trabajos de campo recabando

información para crearlos, son aspectos que no podrán analizarse en esta

instancia pues son propios de una discusión que debe ventilarse en un proceso

de conocimiento y no al decidir la procedencia de una medida cautelar. Pues se

reitera, el estudio se centra en verificar la titularidad del derecho de quien

reclama la protección y la existencia o posible existencia de una infracción a

ese derecho. Indica el licenciado Huertas Angulo que si el mapa de Track It es o no copia del de NAVSAT, sólo podrá valorarse por prueba pericial. Se

insiste el juzgador de primera instancia no indicó que el mapa de Track It es copia del de NAVSAT. Lo que indicó es que los programas de navegación

satelital de ésta son objeto de infracción por parte de Track

It al utilizarlos sin la debida autorización cosa que

el impugnante no niega sino que atribuye a su creencia de ser supuestamente

mapas de acceso público. Y con la prueba documental aportada fueron acreditadas

la titularidad del derecho que se quiere proteger y la posible existencia de

una infracción. La Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de

Propiedad Intelectual lo que exige como requisito para decretar las medidas

pertinentes es demostrar las circunstancias citadas, y para ello quien reclama

la tutela cuenta con los medios de prueba regulados en el artículo 318 del

Código Procesal Civil, no necesariamente con un criterio de un perito experto

en la materia. Por lo expuesto, el argumento mencionado se desechará. Reclama

el apelante que la medida otorgada por el a

quo viola el principio de proporcionalidad pues NAVSAT

no ha dejado de vender ni ha demostrado reducción en sus ventas en relación con

la actividad comercial de Track It.

El peligro en la demora no tiene relación con el aspecto invocado por el recurrente.

El peligro en la demora como uno de los presupuestos para que prospere una

medida cautelar tiene relación con el derecho a tutelar y el tiempo que puede

tardar en resolverse el tema y que, por esa tardanza se cause una lesión grave

y de difícil reparación a la parte que pide la protección. A esto es lo que

hace referencia el sentenciador en su análisis del

No es necesario que la promovente de la medida acredite una disminución en sus

ventas, sino la existencia de la infracción y la lesión que esta infracción

pueda generar mientras se soluciona el conflicto en un proceso posterior. El

otro aspecto alegado por el recurrente que la medida ordenada supone el cierre

de Track It, se desechará,

se trata de un aspecto alegado como una situación hipotética que no está

demostrada. En todo caso la medida impuesta se sujeta a los parámetros

establecidos por la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de

Propiedad Intelectual.

Señala el

apelante que existe desproporcionalidad por cuanto la medida cautelar se

decreta de manera indeterminada, se ordena el cese de las ventas -señala-, sin

saber por cuanto tiempo va a perdurar ese cese. Lleva razón el recurrente en

que el juzgador señala que la medida ordenada será por el tiempo que se

considere indispensable, lo que genera incerteza

jurídica, de manera que en cuanto a este aspecto se acogerá el argumento de Track It SRL,

modificando lo dispuesto en primera instancia para mantener la medida hasta

tanto se dicte sentencia en el proceso que instaure NAVSAT

por infracción al derecho de propiedad intelectual que se protege con la medida

ordenada.

En

consecuencia, se modificará la resolución apelada únicamente en cuanto ordenó

la medida por el tiempo que se considere indispensable, para que en su lugar la

medida se mantenga hasta tanto se dicte sentencia en el proceso que instaure NAVSAT por infracción al derecho de propiedad intelectual

que se protege con la medida ordenada.”