Resolución 01453-2016

En efecto, la resolución de las nueve horas con treinta y ocho minutos del día diecisiete de julio del año dos mil trece, donde se ordenaron las medidas de protección en cuestión (cfr. folios 24 al 27), fueron producto de la entrevista realizada al oficial de policía [Nombre6]   (cfr. folios 22 y 23). También es cierto que existe un acta donde la señora [Nombre [Nombre7]] indicó que no desea denunciar al señor [Nombre [Nombre8]] ante la autoridad judicial competente, a pesar de reconocer que éste lo (sic) golpeó con sus puños en la cara y el cuerpo (cfr. folio 20). Valga acotar que el policía [Nombre9]  comunicó ante el Juzgado de (sic) Violencia Doméstica de Pérez Zeledón que el día en cuestión, encontraron a la víctima “bastante golpeada, un hematoma en la frente abultada, en la nariz tenía un raspón y sangre, detrás de la oreja derecha un corte, y bastantes golpes y rasguños en el cuerpo y brazos, le ofrecimos asistencia médica pero no quiso, se negó a recibir cualquier tipo de atención, nos indic ó que el muchacho que se llama [Nombre10] la había agarrado a golpes (…) la señora [Nombre [Nombre7]] se le dijo que si quería denunciar primero dijo que sí, y después dijo que no, y que no iba a venir y que no iba a ir al hospital, que no iba a presentar ningún tipo de denuncia ni cargo en contra de [Nombre10], se le dijo que podía denunciar penalmente y dijo que no quería” (cfr. folio 22). Contrario a la afirmación del defensor, cuando el Juez contra la Violencia Doméstica de Pérez Zeledón ordenó las medidas de protección contra el imputado, no lo hizo entrometiéndose en la autonomía de la voluntad de la víctima, sino bajo la obligación internacional adquirida por el país de adoptar las medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, dañar o poner en peligro la vida o la integridad física de la mujer, según los términos del artículo 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la cual es Ley de la República. Demás está mencionar que la actuación policial está dentro de las competencias que el artículo 20 de la Ley contra la Violencia Doméstica le otorga, pues socorrió a la víctima y detuvo al presunto agresor, a quien puso a disposición del Juzgado contra la Violencia Doméstica de Pérez Zeledón. Finalmente, el inciso 3) del numeral 7 ibídem otorga la legitimidad para que cualquier persona mayor de edad solicite medidas de protección a favor de la persona agredida, cuando ésta se encuentre imposibilitada para hacerlo por encontrarse grave como producto de la situación de violencia doméstica. Por tratarse de un procedimiento cautelar, éste es informal y, por la naturaleza de la agresión de género, el juez puede dictar las medidas que estime pertinentes cuando exista peligro inminente para la integridad física de la persona agredida, incluso ordenar medidas distintas a las solicitadas, en forma oficiosa. En este caso, el Juez del Juzgado de (sic) Violencia Doméstica de Pérez Zeledón estimó que los hechos manifestados por el oficial [Nombre9]  eran graves y, por ello, ordenó medidas de protección a favor de la señora [Nombre [Nombre7]] y en contra del señor [Nombre [Nombre8]]. Si bien es cierto, la víctima decidió no acudir al centro médico, ello no elimina la gravedad que ella presentaba como producto de la violencia doméstica, tal y como fue relatada por el oficial de policía [Nombre9] . Precisamente, por su carácter cautelar, las medidas de protección no crean, modifican ni extinguen relaciones jurídicas, lo que permite la fijación de éstas, para que (sic) de forma inmediata proteger la integridad física de la víctima y así posteriormente discutir sobre la pertinencia o no de éstas. La imposibilidad de que una víctima de agresión de género denuncie no es solamente la opción de trasladarse hasta la autoridad competente, sino la condición de vulnerabilidad de ésta, al punto que el caso concreto, ésta rechazó el auxilio médico, a pesar de sus evidentes heridas. De hecho, la ofendida negó cualquier tipo de auxilio, lo que sugiere una imposibilidad de solicitar las medidas de protección, por estar inmersa en ese ciclo de violencia de género, donde es usual que las víctimas se culpen de la agresión sufrida. Lo anterior se sugiere porque, precisamente, la señora [Nombre [Nombre7]] justifica ante el oficial de policía la violencia ejercida por el señor [Nombre [Nombre8]], cuando insiste que ella abrió la puerta a un muchacho, quien llegó a discutir con su pareja y que supuestamente tenía un puñal consigo. Es decir, la ofendida acepta el enojo y la violencia del imputado, justificando de tal manera, los golpes sufridos y que pusieron en riesgo su integridad física. Parte integrante de la solicitud de medidas de protección, es la convocatoria de una audiencia, donde el presunto agresor puede ofrecer su versión de descargo y aportar prueba en su favor, con lo que se le respeta su derecho a la defensa y el debido proceso, debiendo ser pedida por el interesado. En este caso, el señor [Nombre [Nombre8]] consideró que no requería la audiencia en cuestión, pues no la pidió a la autoridad competente, quien mediante resolución de las nueve horas con cincuenta y tres minutos del diez de setiembre del año dos mil trece, mantuvo las medidas de protección dictada(sic) en contra del imputado por un año, cesando éstas hasta el día diecisiete de julio del año dos mil catorce. Esto dato es relevante. Los hechos juzgados suceden el día diecisiete de marzo del dos mil catorce, así que comparando la fecha de ocurrencia del incumplimiento de la medida de protección en relación con el otorgamiento de ésta, media un lapso de ocho meses, sin que el señor [Nombre [Nombre8]] haya alegado la “ilegalidad” de las medidas de protección en su contra, a pesar de contar con los instrumentos procesales para tal fin. Por ello, no existe un agravio ni se observa que haya habido alguna actuación violatoria de la ley durante la tramitación que el juez del Juzgado contra la Violencia Doméstica de Pérez Zeledón hizo de la solicitud de las medidas de protección, en donde ordenó éstas en contra del imputado. Así las cosas, procede rechazar el argumento de la defensa, relativo a la ilegalidad de las medidas de protección dictada en contra del encartado” (cfr. folios 160 a 163). Este razonamiento es acorde a derecho, pues, lo dicho por el juez de instancia se ajusta a criterios objetivos y legales que no permiten una interpretación diversa de la situación grave en la que estaba la ofendida cuando recibió el auxilio estatal. Lo anterior resulta tan evidente, que la señora [Nombre [Nombre7]] declinó el auxilio judicial y médico, a pesar de encontrarse en un estado físico que permitía inferir que no estaba tomando una decisión razonable conforme a las lesiones provocadas por el encartado y lo que estaba pasando en ese momento (ver folio 20). Esto ha sido conceptualizado como un estado de invalidez aprendida, lo que hace que la víctima tenga disminuidas sus capacidades para la toma de decisiones y la formulación de solicitudes de protección. En relación con este tema, el Tribunal de Familia (última instancia en materia de Violencia Doméstica) ha indicado: “El asunto (…) es de suma importancia, y respecto del cual para abordarlo hemos de sustraernos de la lógica procesal dispositivista tradicional, puesto que de no hacerlo, se llegaría a la paradoja de que la ley, -que se originó por la preocupación sobre todo en cuanto a las personas que se encuentran inmersas dentro de un ciclo de violencia, y en virtud del cual han generado invalidez y un sentimiento de que son culpables de lo que les sucede-, no sirve para ayudarles. Es decir este sistema no puede recaer en la voluntad y deseos de la persona víctima, puesto que en un caso típico de violencia doméstica éstos (voluntad y deseos) se encuentran menoscabados, y pondríamos las expectativas en que se defienda alguien que no puede defenderse. Ha de darse un cambio de esquema en la cultura jurídica de base, a efecto de aplicar esta legislación especial. Ya este Tribunal ha considerado que: “...III.- Las medidas de protección intentan constituirse como un mecanismo jurídico para proteger la vida, la dignidad y la integridad de las víctimas de agresión doméstica. El fenómeno de la violencia intrafamiliar se puede conceptualizar como una estructura binaria de poder, donde uno de los cónyuges ostenta el mando y el control sobre el otro y que, éste ejerce de manera abusiva y desproporcionada dicho poder. En este sentido, la vida matrimonial implica el respeto entre la pareja, pero no el ejercicio del control de la vida, las decisiones y la voluntad del otro cónyuge. La violencia doméstica tiene dos características: a. es cíclica y b. la intensidad es creciente. El ciclo de la violencia doméstica está formado por los siguiente pasos: 1. la acumulación de tensión, que es la sucesión de pequeños episodios de agresión; 2. el estallido de violencia y 3. la reconciliación. En cuanto a la intensidad creciente, la agresión intrafamiliar inicia por atacar la autoestima de la víctima; luego la violencia verbal y utilización de palabras denigrantes e insultos; luego, se llega a la agresión física y finalmente la sexual. Por ello, se dice que una vez iniciada una relación donde haya violencia ésta irá en forma creciente. En este contexto, las víctimas de agresión doméstica van generando el denominado síndrome de invalidez aprendida o estrés post- traumático y las víctimas sienten temor, impotencia, miedo, culpa o vergüenza de la agresión. De tal manera que resulta de interés público la neutralización de dicho ciclo...” (Tribunal de Familia, voto 1749-03 dictado a las diez horas cincuenta minutos del tres de diciembre del dos mil tres). (…)

Y es que ese cambio o evolución de esquemas lógico-jurídicos ha de darse en muchos aspectos de la aplicación de dicha ley. Esto nos lleva también a analizar la eficacia de lo actuado, en virtud del examen de la legitimación. El artículo 7 de la Ley contra la Violencia Doméstica, dispone lo siguiente: “Solicitantes legítimos. Estarán legitimados para solicitar medidas de protección descritas en el capítulo anterior: a) Los mayores de doce años afectados por una situación de violencia doméstica. Cuando se trate de menores de doce años o de personas con discapacidad física o mental, la medida deberá ser solicitada por su representante legal, el Patronato Nacional de la Infancia, una autoridad de policía o un mayor de edad. b) Las instituciones públicas o privadas que lleven a cabo programas de protección a los derechos humanos y la familia, cuando la persona agredida lo solicite, se encuentre grave o presente alguna discapacidad que le impida solicitar la protección o tener conciencia de la agresión que se le inflige. c) Los mayores de edad, cuando la persona agredida esté imposibilitada para solicitarlas por encontrarse grave como producto de una situación de violencia doméstica.” Una lectura simplemente literal de la norma nos podría llevar a la conclusión de que en este caso no existe legitimación de la autoridad de policía o de la hermana de la recurrente para pedir medidas de protección. No obstante debemos tener en cuenta la guía que al efecto de la aplicación e interpretación de normas da la Sala Constitucional: “...III.- INTERPRETACIÓN FINALISTA Y EVOLUTIVA DE LAS NORMAS JURÍDICAS. La interpretación de las normas jurídicas por los operadores jurídicos con el propósito de aplicarlas no puede hacerse, única y exclusivamente, con fundamento en su tenor literal, puesto que, para desentrañar, entender y comprender su verdadero sentido, significado y alcances es preciso acudir a diversos instrumentos hermenéuticos tales como el finalista, el institucional, el sistemático y el histórico-evolutivo. Sobre este particular, el Título Preliminar del Código Civil en su numeral 10 establece que “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas”. Las proposiciones normativas se componen de términos lingüísticos los que tienen una (sic) área de significado o campo de referencia así como, también, una zona de incertidumbre o indeterminación, que puede provocar serios equívocos en su interpretación y eventual aplicación. En virtud de lo anterior, al interpretar una norma es preciso indagar su objetivo (ratio) o fin propuesto y supuesto, respecto del cual la norma tiene naturaleza instrumental –método teleológico-. El interprete (sic) debe, asimismo, confrontarla, relacionarla y concordarla con el resto de las normas jurídicas que conforman en particular una institución jurídica –método institucional- y, en general, el ordenamiento jurídico –método sistemático-, puesto que, las normas no son compartimentos estancos y aislados sino que se encuentran conexas y coordinadas con otras, de forma explícita o implícita. Finalmente, es preciso tomar en consideración la realidad socio-económica e histórica a la cual se aplica una norma jurídica, la cual es variable y mutable por su enorme dinamismo, de tal forma que debe ser aplicada para coyunturas históricas en constante mutación –método histórico-evolutivo-. Cuando de interpretar una norma jurídica se trata el interprete no puede utilizar uno solo de los instrumentos indicados, por no tener un carácter excluyente, sino que los mismos son diversos momentos o estadios imprescindibles del entero y trascendente acto interpretativo” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia voto número 3481 dictado a las catorce horas con tres minutos del dos de mayo del dos mil tres). (...) Ahora bien, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia respecto de la Ley contra la Violencia Doméstica, puntualiza sobre su finalidad e interpretación lo siguiente: “...IV.- En la interpretación y en la aplicación de la Ley contra la violencia doméstica ha de tenerse en consideración que la materia a que se refiere constituye una violación de los derechos humanos, concretamente, de los derechos a la vida, a la salud y a la integridad física y psicológica de las personas agredidas. Se trata de un comportamiento que puede provocar daños irreversibles a quienes lo viven en posición de víctimas y que se manifiesta cíclicamente. Por esas razones, esa normativa tiene una finalidad protectora, que prevalece sobre consideraciones de índole procesal y les impone, a las autoridades jurisdiccionales y a las policiales, el deber de intervenir de manera precautoria, inmediata y oportuna. Así se infiere de su artículo 1°, en donde se establece lo siguiente "Esta ley regulará la aplicación de las medidas de protección necesarias para garantizar la vida, integridad y dignidad de las víctimas de la violencia doméstica". Consecuente con ese propósito, la ley de comentario contempla un proceso sumarísimo para el trámite de la solicitud de medidas de protección, que obliga a los jueces y a las juezas a actuar con celeridad, sin cuestionamientos procesales cuyo efecto sea postergar su intervención. (...) Esta normativa está reforzada por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, con rango superior a la legislación ordinaria, y que, textualmente, indica que: "Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: (...) g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos..."..” (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia voto número 99 de competencia, dictado a las quince horas del ocho de abril de mil novecientos noventa y nueve; en el mismo sentido ver voto número 72 dictado a las ocho horas cuarenta minutos del siete de agosto de mil novecientos noventa y ocho).- Naturalmente, el legislador tuvo como fin garantizar la vida, integridad y dignidad de las víctimas de la violencia doméstica. Y a estas alturas del desarrollo histórico se tiene absolutamente claro que las víctimas inmersas dentro de un típico ciclo de violencia doméstica, muy comúnmente no tienen capacidad para defenderse.

Así, en ese artículo 7 en los tres incisos ha de tenerse incluido este supuesto de invalidez aprendida por ejemplo en las frases “de personas con discapacidad física o mental”, o bien “se encuentre grave o presente alguna discapacidad que le impida solicitar la protección o tener conciencia de la agresión que se le inflige”, o bien “persona agredida esté imposibilitada para solicitarlas por encontrarse grave como producto de una situación de violencia doméstica”. Igualmente ha de entenderse comprendido el supuesto en las frases “cuando por su discapacidad la persona agredida, no esté en condiciones de atender sus propios intereses” (párrafo final del artículo 12 de la Ley contra la Violencia Doméstica). Las paradojas que surgen entre lo que se espera de la víctima y su misma problemática, y los desfases que mas bien deben esperarse, se pueden ver también en la inasistencia a la comparecencia, o bien en solicitudes de “quitar las medidas”, o bien en casos en que la misma víctima es quien defiende al agresor (...) ” (Tribunal de Familia, resolución número 457, de las 8:10 horas del 11 de marzo de 2004). Este criterio de interpretación es acertado, desde que se trata de una materia especializada en el campo de la violencia intrafamiliar, y surge del análisis de las normas y la interpretación que rige en un tema que no es penal . No puede dejarse de lado que, en el presente caso, se tuvo por cierto –tal y como lo explicó el a quo- que la agraviada, cuando pidió el auxilio policial el 17 de julio de 2013 (situación que originó la imposición de medidas de protección), se encontraba en circunstancias graves de salud, provocadas por la golpiza que se describió en la sentencia y que había sido producto del enojo del encartado [[Nombre2]  ], con quien convivía. Frente a esto, el Estado –representado por el oficial de la Fuerza Pública- tenía la obligación legal de actuar preventivamente, pues era evidente que la señora [Nombre [Nombre7]] se encontraba en estado grave de incapacidad (según se define en el artículo 7 de la Ley contra la Violencia Doméstica) para poder solicitar, por sí misma, la protección que la ley le permite, pues los indicios que se obtuvieron de la prueba incorporada llevaban, unívocamente, a establecer que ella se encontraba sumida en un ciclo de violencia doméstica que le había provocado lo que la resolución recién transcrita denomina “invalidez aprendida”. Esto legitima a cualquier sujeto mayor de edad (con mucha más razón al oficial de policía que tuvo que hacer la detención del encartado) para acudir en nombre de la víctima de violencia doméstica ante el Juzgado especializado y pedir medidas de protección para ella, según lo autoriza el inciso c del artículo 7 de la Ley contra la Violencia Doméstica. Aunado a ello, en el presente caso era de aplicación obligatoria la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, ya que los hechos descritos (aunque la víctima hubiera manifestado su negativa a denunciar) pertenecían a su ámbito de aplicación, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2, el cual reza: “Esta Ley se aplicará cuando las conductas tipificadas en ella como delitos penales se dirijan contra una mujer mayor de edad, en el contexto de una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no. Además, se aplicará cuando las víctimas sean mujeres mayores de quince años y menores de dieciocho, siempre que no se trate de una relación derivada del ejercicio de autoridad parental.” (el destacado no es propio del original). Esto es así, conforme con lo dicho por la señora [[Nombre5]  ], quien informó que ella mantenía una relación de convivencia con [[Nombre2]  ], por lo que lo ocurrido ese día debía ser analizado a la luz de dicha normativa. Además, en el artículo 5 de esta misma ley se establece: “Quienes, en el ejercicio de sus funciones, estén obligados a conocer de situaciones de violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus formas, o a resolverlas, deberán actuar ágil y eficazmente, respetando tanto los procedimientos como los derechos humanos de las mujeres afectadas; de lo contrario, podrán incurrir en el delito de incumplimiento de deberes.” De esta manera, el oficial [Nombre6]   no podía eludir la obligación legal de actuar en protección de la ofendida y el numeral 7 de esta última ley, indica: “Para proteger a las víctimas, podrán solicitarse, desde el inicio de la investigación judicial, las medidas de protección contempladas en la Ley contra la violencia doméstica, así como las medidas cautelares necesarias previstas en el Código Procesal Penal” (el resaltado no pertenece al original). En el presente caso, justamente eso fue lo que hizo el oficial [Nombre11] , considerándose que le asistía una obligación legal para solicitar la protección ante el Juzgado respectivo. Es por todo lo anterior que, esta Cámara considera que no existe vicio alguno pues él estaba legitimado por ley para solicitar las medidas que, finalmente, fueron impuestas y notificadas al encartado. Cabe hacer hincapié en que, de acuerdo con la certificación aportada como prueba documental, a folio 42 consta la notificación de la resolución de las 9:38 horas del 17 de julio de 2013 (en la que se impusieron las medidas de protección a la señora [Nombre [Nombre7]]) a la agraviada, y no consta manifestación alguna de desacuerdo de ella, ni el encausado, pudiendo hacerlo, gestionó la audiencia respectiva para discutir la procedencia o no de las prohibiciones ordenadas en la decisión que se le notificó. Esto último, sin lugar a dudas, es un argumento importante, ya que, aunque la defensa concluye que el encausado no tenía conocimiento técnico para ejercer su defensa, este no era requerido para gestionar la audiencia, sobre la cual fue informado a través de la comunicación que se le hizo el 17 de julio de 2013. Ahora bien, aunque se elimine este argumento del a quo (en el cual se establece que la resolución del Juzgado de Violencia Doméstica no fue impugnada a través de los medios dispuestos en la ley), según lo que se dijo líneas atrás, persiste la orden legal para que se impongan dichas medidas precautorias a favor de la señora [Nombre [Nombre7]] una vez que sean conocidas por la autoridad, sea policial o judicial, pues las normas citadas previamente no hacen la distinción entre ambas. En conclusión, se declara sin lugar el reclamo de la defensa del imputado.”