Resolución 00452-2016

El Consejo Superior, en el

artículo XXVIII de la sesión N°

38-09 acordó "Este Consejo dispone que los despachos judiciales deben

hacer el esfuerzo por implementar nuevas formas de prestación de servicios

donde se incluyan la oralidad y el uso de nuevas

tecnologías. El Departamento de Planificación analizará la organización de estos

despachos a efecto de determinar la forma en que debe operar un juzgado o

tribunal oral. Entre los aspectos a analizar, se debe considerar cómo se

manejan las agendas, las citaciones y los sistemas de convocatoria de los

testigos, además de como se puede garantizar una mayor utilización del tiempo

efectivo de trabajo, y analizar la duración de los procesos y sistemas que

permitan la evaluación del desempeño, para afinar la gestión judicial. Se insta

a los despachos judiciales para que utilicen los medios tecnológicos para

reducir el uso de papel y fotocopias; asimismo tener presente la política de

suministrar documentación a los usuarios, conforme lo permite la ley, por

medios electrónicos.". De ese acuerdo se infiere que la implementación

de la oralidad se hará conforme lo permita la ley y

nunca en contradicción de las normas procesales vigentes. La ley procesal

civil, permite la oralidad, en los numerales 152 y

358. El primero de ellos indica que "Las audiencias, comparecencias y

juntas deberán ser presididas por el juez y autorizadas en el acta por el juez

y el secretario, el mismo día de su práctica, o dentro de tercero día, cuando

se empleen versiones taquigráficas o de grabación. Si lo ocurrido en la

diligencia se narrara taquigráficamente, deberá dejarse, además, en el

expediente, la relación taquigráfica firmada por el juez y por el taquígrafo. También

el taquígrafo firmará el acta. Si se tratara de grabación, el acta la firmará,

además, el empleado que manejó los aparatos. Deberá conservarse la grabación

por tres días, plazo dentro del cual las partes podrán pedir su confrontación.".

Lo anterior significa que la audiencia se puede realizar en forma oral,

pero si la misma queda constando en una grabación, como en el presente caso,

debe luego transcribirse en un acta lo ocurrido y la grabación deberá

conservarse por tres días, para que se realice una confrontación, si las partes

lo solicitan. Es decir, lo que prevalece en definitiva es el acta escrita y no

la grabación, la cual no debe conservarse más allá del plazo indicado. Eso es

lo que indica la normativa procesal vigente, la cual no ha sido derogada por

otra ley dictada conforme a lo que la Constitución Política

regula para ello. Este Tribunal no plantea objeción alguna a que la diligencia

se haya realizado en forma oral y tampoco a que se haya grabado en un disco

compacto, pero debe cumplirse con el resto de lo preceptuado por la norma

citada, es decir, que se transcriba en un acta lo ocurrido y que el juez la

firme. Asimismo, como señala dicho precepto, conservará la grabación por

tres días luego de la transcripción, plazo dentro del

cual las partes podrán pedir su confrontación. Vencido dicho plazo sin que las

partes pidieren la confrontación, o una vez verificada ésta si lo solicitaran,

deberá el Juzgado remitir el expediente a este Tribunal. De esa manera se

respeta la ley procesal vigente, que es de orden público, de acatamiento

obligatorio tanto para el juez como para las partes (artículo 5 del Código

Procesal Civil) y la instancia del Consejo Superior (la aplicación de la oralidad, conforme lo permite la ley).- ".

(Ver voto n° 238 de las 10 horas del 30 de agosto

del año 2013). En virtud de lo expuesto se ordenará la devolución del

expediente al a quo para que, sin dilación proceda a realizar un acta

completa de la recepción de la prueba en la que se transcriban las

declaraciones de los testigos y confesantes, debidamente firmada por el juez,

conforme lo establece el artículo 152 procesal civil y proceda conforme a lo

ahí señalado. Una vez cumplido lo ordenado, en los términos expresados, deberá

devolver en forma inmediata el expediente a este órgano jurisdiccional.”