Resolución 00297-2013

Toda persona tiene derecho a la libertad de

pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,

sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

El ejercicio del

derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura

sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas

por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto

a los derechos o a la reputación de los demás,…”

Resulta innegable, en todo caso, que puede existir una colisión entre la

libertad de pensamiento o expresión y la tutela de la dignidad y honra de las

personas. En estos casos, se dispone que el

ejercicio de la libertad de expresión no está sujeto a censura previa, pero

puede dar lugar a responsabilidades ulteriores, entre ellas

podría pensarse en la civil, que tienen que estar expresamente previstas por la

ley. Como un instrumento para tutelar a las personas, sin perjuicio de las

responsabilidades que pudieran haberse generado por el ejercicio abusivo de la

libertad de expresión, claro está, se dispone en dicho instrumento de tutela de

los derechos fundamentales el derecho de rectificación o respuesta. En el

numeral 14 del Pacto de San José, se establece:

“Artículo 14

Derecho de Rectificación o Respuesta

Toda persona afectada por informaciones inexactas o

agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente

reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o

respuesta en las condiciones que establezca la ley.

En ningún caso la rectificación o la respuesta

eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

Para la efectiva

protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa

periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona

responsable que no esté protegida por inmunidades ni

disponga de fuero especial.”

Este derecho también cuenta con desarrollo normativo en la Ley de Jurisdicción Constitucional,

artículos 66 a

Asimismo, el tema de la relación entre

libertad de expresión y responsabilidad por eventuales lesiones al honor o la

imagen de las personas, también ha sido abordado por la

Sala Constitucional

de la Corte Suprema

de Justicia, en la sentencia 2006-05977 de las 15:16 horas del 3 de mayo de

2006, cuyas consideraciones fueron además reiteradas en la sentencia

2007-011151 de las 14:45 horas del 1 de agosto de 2007. En cuanto a los límites

del

derecho de expresión y de información, mencionan dichas resoluciones

constitucionales lo siguiente:

“Los límites a la libertad de expresión

y libertad de prensa.  Para determinar cuáles

expresiones se pueden limitar y en qué medida, es importante tomar en cuenta

que no todas las expresiones pueden tener el mismo valor ni

gozar, en consecuencia, de la misma protección constitucional. Así por ejemplo,

incluso la jurisprudencia internacional, vgr. el

Tribunal Constitucional español, ha señalado que carecen de protección

constitucional, los insultos o los juicios de valor formalmente injuriosos e

innecesarios para la expresión de una idea, pensamiento u opinión. En otro

peldaño se encuentran las opiniones, es decir, los juicios de valor personales

que no sean formalmente injuriosos e innecesarios para lo que se quiere

expresar, aunque contengan lo que se conoce como "opiniones inquietantes o

hirientes"; estas opiniones sí estarían protegidas constitucionalmente por

la libertad de expresión y podría tener como contenido incluso la ironía, la

sátira y la burla. En otro escalón estaría la información, entendiendo por tal

la narración veraz de hechos, que estaría protegida como regla general, a menos

que vulnere otros derechos fundamentales o bienes constitucionalmente

protegidos (por ejemplo, el honor, la intimidad, el orden y tranquilidad de la

nación, los derechos de los niños y adolescentes). En otro nivel estaría la

noticia, entendiendo por tal la narración veraz de hechos que tienen relevancia

pública, ya sea por los hechos en sí mismos, o por las personas que intervienen

en ellos; las noticias contribuyen de manera destacada a la creación de la

opinión pública libre. En el último escalón se encontrarían

las falsedades, los rumores o insidias que se esconden detrás de una

narración neutral de hechos y que en realidad carecen por completo de

veracidad. Sobre el tema de la veracidad, la Comisión de Derechos

Humanos ha señalado (Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión,

adoptada por la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 108

periodo ordinario de sesiones en octubre de 2000) que se considera censura

previa cualquier condicionamiento previo, a aspectos tales como veracidad,

oportunidad o imparcialidad de la información, pero a criterio de este

Tribunal, debe entenderse que está referido a la posibilidad de utilizar dichos

argumentos como justificantes de una censura previa de la

información, no para impedir el derecho a una tutela judicial efectiva frente a

las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses

morales, como lo establece el artículo 41 de nuestra Constitución al señalar:

“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar

reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona,

propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin

denegación y en estricta conformidad con las leyes.”

Se reconoce que el ejercicio de la libertad de prensa, entendida como parte del derecho a informar y por lo tanto una forma

de libertad de expresión, debe ejercerse dentro de principios éticos

elementales, pues “la libertad de prensa no es sinónimo de derecho a injuriar”.

Esto porque existe otro derecho fundamental que justifica que el sistema

jurídico provea un equilibrio que será determinado

siempre con análisis del

caso concreto. No quiere esto decir que en todos los casos el honor de las

personas debe prevalecer, o que son derechos del mismo rango.

Son más bien libertades que se relacionan entre sí dentro del sistema de

libertad que soporta nuestra institucionalidad democrática. Es reconocido que

la libertad de expresión en su más amplio sentido, es tan fundamental que

representa el fundamento de todo el orden político, es decir, no es una

libertad más, de ahí que haya surgido -principalmente por influencia

norteamericana-, la doctrina de la "posición preferente" del derecho

a la información en materia de control de constitucionalidad, entendida como

aquella que afirma que cuando el derecho a informar libremente entra en

conflicto con otros derechos, aunque sean derechos fundamentales, tiende a

superponerse a ellos, posición que explica el por qué aspectos del derecho a la

intimidad y al honor de las personas públicas deban ceder ante el interés de la

información. El Tribunal Constitucional español se ha referido a la posición

preferente de la libertad de expresión frente a otros

derechos fundamentales en los siguientes términos:

Dada su función institucional, cuando se produzca una colisión de la

libertad de información con el derecho a la intimidad y al honor aquélla goza,

en general, de una posición preferente y las restricciones que de dicho

conflicto puedan derivarse a la libertad de información deben interpretarse de

tal modo que el contenido fundamental del derecho a la información no resulte,

dada su jerarquía institucional, desnaturalizado ni incorrectamente

relativizado (sentencias 106/1986 y 159/1986).

Sin embargo es evidente que la posición preferente existe en cuanto el

derecho sea ejercido para cumplir con su función legítima en la democracia y

por ende como parte esencial del mismo, no para permitir falsedades, rumores o

insidias que se esconden detrás del ejercicio de un derecho fundamental con la

excusa como se indicó, de una supuesta narración neutral de hechos carentes por

completo de veracidad, que causan violaciones a libertades también esenciales

desde el punto de vista del sistema de libertad, como lo son el honor de las

personas y el derecho a ser informados en forma adecuada y oportuna. Es tan

importante esta libertad, que efectivamente goza de especiales protecciones en aras

de su correcto ejercicio, como la libertad de conciencia, la protección de la

fuente, la no censura previa para mencionar algunas, todo en aras de que ejerza

la función social que está llamada a cumplir dentro del marco democrático. En

ese sentido lleva razón el recurrente cuanto señala que la libertad de prensa,

contrario al derecho al honor, tiene además de su dimensión de protección

individual, una dimensión social. Se olvida sin embargo que la otra cara de la

libertad de prensa, también con una dimensión social evidente, es precisamente

el derecho de las personas a recibir una información, adecuada y oportuna (no

manipulada), con lo cual se excluye la posibilidad de ejercer esta libertad en

forma contraria a fines legítimos del sistema o que, a su vez, lesione

intereses igualmente legítimos del mismo. En ese

sentido la posición preferente vale en tanto y en cuanto no se utilice como mecanismo para violar otros fines relevantes del sistema, porque para

eso no fue concebida. De lo contrario se estaría autorizando una manipulación o

desinformación de las personas o de las masas, objetivo tan contrario para la

democracia, como

la censura misma. En ese sentido, cuando se habla de que el derecho a

transmitir información respecto de hechos o personas de relevancia con

preeminencia sobre el derecho a la intimidad y al honor, en caso de colisión,

resulta obligado concluir que en esa confrontación de derechos, el de la

libertad de información, como regla general, debe prevalecer siempre que la

información transmitida sea veraz, y esté referida a asuntos públicos que son

de interés general por las materias a que se refieren, por las personas que en

ellas intervienen, contribuyendo, en consecuencia, a la formación de la opinión

pública en forma legítima. En este caso el contenido del derecho de libre

información alcanza su máximo nivel de eficacia justificadora frente al derecho

al honor, el cual se debilita, proporcionalmente, como límite externo de las

libertades de expresión e información (sentencia STC 107/1988 ). Cabe

aclarar que jurídicamente no es posible exigir que todo lo que se publique sea

verdadero o exacto, pues como lo ha señalado el Tribunal Constitucional

español, de imponerse la verdad como condición para el reconocimiento del

derecho, la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio (STC

28/96), pero tampoco puede amparar al periodista que ha actuado

con menosprecio de la verdad o falsedad de lo comunicado . Lo

que sí protege es la información rectamente obtenida y

difundida “aunque resulte inexacta, con tal de que se haya observado el deber

de comprobar su veracidad mediante las oportunas averiguaciones propias de un

profesional diligente ”. (STC

178\93). Igualmente protege, el reportaje neutral, entendido

como “aquellos casos en que un medio de comunicación se limita a dar cuenta de

declaraciones de terceros, aun y cuando resulten ser contrarias a los derechos

de honor, intimidad personal y familiar y la propia imagen, (STC 22|93),

siempre que medie la buena fe, es decir que no se haya enterado el responsable

de la difusión de su inexactitud o falta de veracidad, porque a partir de ese

momento, de no corregirse se estaría actuando de mala fe, en afectación de

otras garantías relevantes para el sistema de libertad.”.-

Una de las acepciones del

vocablo imagen en el Diccionario de la Real Academia Española, según su versión digital

( www.rae.es), define la imagen pública como:

“Conjunto de rasgos que caracterizan ante la sociedad a una persona o

entidad”. Atañe, por ende, a la proyección de un

determinado sujeto en el entorno social. En este

litigio, básicamente el actor estima que su proyección como persona que ha ocupado puestos públicos

se habría

visto menoscabada por una información, en la cual se señaló que una

vivienda allanada por las autoridades policiales judiciales, era de su

propiedad y que él la habría alquilado a personas sospechosas de haber cometido

un ilícito por trasiego de drogas. Quedó claramente establecido, por el video

que ha figurado como prueba en este proceso, que dicha nota periodística se

brindó durante una trasmisión efectuada precisamente durante el desarrollo de

los hechos, o sea, era una nota comúnmente denominada “en vivo”, donde los

hechos reportados están sucediendo en ese momento. La nota periodística

televisiva, en cuanto hizo referencia al señor Toledo,

tuvo aproximadamente 25 segundos de duración, y en ella

se indicó lo tenido por acreditado en el hecho probado 1° del fallo apelado. Se señaló en la demanda

que esa nota periodística le habría producido un grave daño a su imagen como

figura pública, pero en sus hechos únicamente se hace referencia a llamadas

telefónicas que dice haber recibido de otros medios de comunicación, que

también se habrían apersonado a su vivienda para entrevistarlo y así explicara

su supuesta relación y vinculación con quienes él califica narcotraficantes

detenidos. No hubo prueba de tales llamadas o de la presencia de otros medios

de comunicación en su casa de habitación. De igual manera, carece de respaldo

probatorio la afirmación de un eventual escarnio a su

hijo, por parte de vecinos quienes le inquirían acerca de la veracidad de la

noticia.

En los agravios la parte demandada sostiene que en el fallo

apelado hay contradicción en cuanto a la existencia o no del daño a la imagen

del señor Toledo y se determina indebidamente la culpa de los demandados por

una inexactitud de la información, desaplicando la doctrina de la malicia real

acogida por la jurisprudencia constitucional citada. También recrimina que no

existe un daño a la imagen del

actor y se procedió en forma debida a aclarar los hechos en la siguiente

edición del

noticiero. En estos aspectos en concreto, estima el Tribunal,

sí lleva razón la parte apelante. Como se señaló en el considerando VI,

la responsabilidad de un medio, dada la trascendencia de la libertad de

expresión y de información, solo puede nacer a la vida jurídica cuando se haya

acreditado un ejercicio abusivo y un daño real y efectivo a la imagen u honor

de una persona. Ello, en el contexto de los hechos aquí

debatidos, no se da. Cabe señalar, que efectivamente la situación

policial que se estaba cubriendo “en vivo”, sí se ubicaba en el entorno de una

casa de habitación que perteneció al señor Toledo. En ese

momento, la versión que se manejaba ahí era precisamente que el allanamiento se

producía en el inmueble del señor Toledo. El análisis del vídeo, conforme a los

criterios sustentados en las resoluciones constitucionales citadas, lleva a

concluir que pese a una falta de correlación entre lo informado y la

titularidad de la casa allanada, no existe elemento suficiente para achacar

responsabilidad civil alguna, conforme a las normas citadas en dicho considerando

VI, o el artículo 22 del

Código Civil. En cuanto a la noticia dada en pocos segundos, se indicó que a

manera de referencia la casa allanada era la del ex candidato presidencial Toledo. Esa referencia era útil para la

ubicación territorial del sitio donde se desarrollaban los hechos, pues según

el actor señaló en su demanda, una noticia había conmocionado a la sociedad, el

21 de marzo de 2007, cuando la residencia habitada por don Ricardo y su

familia, fue asaltada y lamentablemente falleció su servidora doméstica (hecho

primero de la demandada, el cual fue público y notorio). Ha de indicarse,

entonces, que si bien luego se constata que no fue precisamente en esa casa

donde se efectuó el allanamiento, sí se produjo en su entorno inmediato, por lo

que la referencia al lugar, si bien no fue exacta, fue bastante aproximada, al

punto que en un inicio ni siquiera don Ricardo había podido determinar que no

era propiamente en la casa que él habitó. La noticia difundida sí fue certera

al indicar que en la casa donde se practicaba el allanamiento no era habitada

por don Ricardo, con lo cual quedaba claro que los sujetos respecto de quienes

se realizaba dicha diligencia eran otros distintos al señor Toledo, motivo por el cual la información no

lo vincula a él con el narcotráfico. Era cierto, además, que el lugar donde se efectuaba dicha

diligencia policial era alquilado por unos mexicanos, quienes eran sospechosos

de pertenecer a una organización que trasegaba drogas. En lo que se

erró, fue en indicar que don Ricardo alquilaba el inmueble a

esos mexicanos. Analizando objetivamente este aspecto, no puede considerarse

lesivo a la honra o a la imagen pública de una persona que alquile bienes a

extranjeros, sean europeos, estadounidenses, panameños, nicaragüenses,

colombianos, argentinos, mexicanos o de cualquier otra nacionalidad. Por otra

parte, tampoco los actos que, bien o mal, realicen los inquilinos de un inmueble, pueden considerarse como atribuibles a su arrendador. Además,

tampoco se estaba aseverando que los inquilinos eran efectivamente

narcotraficantes, pues únicamente se les tenía como sospechosos, lo

cual tampoco trasciende a su eventual arrendador. Por ello, aunque hubiera sido

cierto que la casa fuera de don Ricardo y él la estuviera alquilando, ello por

sí mismo no generaría tampoco una lesión real y resarcible a su imagen pública,

pues tendría que acreditarse la relación de causalidad entre la información

equivocada y un daño concreto a esa proyección de don Ricardo a la sociedad.

Aunque el error existió, este simple error no generó

lesión, pues la información dada no llega a tal punto como para poder pensar siquiera que don

Ricardo estuviera involucrado en conducta alguna que menoscabara su imagen. Como se indicó en el

fallo apelado, don Ricardo no precisa en qué consistió, de manera clara y concreta, el supuesto daño a su perfil público, qué

efecto nocivo le habría producido la nota periodística cuestionada. No procuró

prueba de ello, ni de algún tipo de menoscabado la

percepción social o política del señor Toledo, para justificar

indemnización alguna. Se reclamaba una suma elevada, de $500.000 (aunque la

moneda de curso legal en nuestro país es el colón), que debió haberse cimentado

en prueba idónea con la cual se pudiera acreditar un

menoscabo de tal trascendencia, ello por cuanto de las manifestaciones

contenidas en la nota periodística cuestionada no puede inferirse lógicamente

su existencia y menos su entidad. Para este Tribunal, las aclaraciones y rectificaciones efectuadas

en la siguiente edición, sí son suficientes para jurídicamente tener por

aclarado, en lo esencial, los hechos noticiosos, reconociéndosele a don Ricardo

su derecho de rectificación, conforme al marco esbozado en el

VI.

Atendiendo a lo indicado por don Ricardo y su señora esposa, doña Marta Lora,

se señala en la edición de las once de la noche que no eran correctas la

indicación efectuada por el señor Álvaro Sánchez como referencia, en cuanto a

la propiedad de la vivienda atribuida a don Ricardo, y la aseveración según la

cual él la habría alquilado a terceros. El noticiero pidió disculpas, porque

don Ricardo solicitó aclarar que esa casa la había puesto en venta hace

aproximadamente un año y medio y desde hacía once

meses pertenecía a otra persona, negando tener algo que ver con el caso

investigado o las personas detenidas. Inmediatamente, se concluye la aclaración

con la frase: “Ofrecemos las disculpas del caso”. De ello se desprende que

la noticia fue aclarada en el sentido que la casa allanada no es de don Ricardo

y que él no tiene vínculo alguno con las personas sospechosas investigadas,

pero sobre todo, que tanto al inicio de la nota como al final expresamente se

pidieron disculpas de los errores contenidos en la nota efectuada en directo

por el periodista Sánchez. Ante ello, no se justifica tampoco ordenar

nuevamente a la televisora emitir disculpas públicas al actor y menos pedir

disculpas a los televidentes a quienes ningún agravio se les ha causado. La

rectificación, acompañada de las disculpas correspondientes, se habían dado de

manera inmediata y oportuna. Conforme a lo indicado,

ha de revocarse el fallo apelado en cuanto acogió la demanda, para en su lugar,

denegar la demanda en todos sus extremos, admitiendo la defensa de falta de

derecho.”